Uap al Gobierno: "Recortes impensables a laboratorios y clínicas acreditadas y luego fondos para farmacias".

Resulta inconcebible que el Gobierno implemente recortes desproporcionados en los centros de salud, compuestos por laboratorios, ambulatorios, clínicas y hospitales públicos y privados acreditados, que suman 27.000 unidades en todo el país. Estos centros prestan servicios de salud en virtud de una autorización regional expedida tras la verificación de la existencia de 420 requisitos estructurales, tecnológicos y organizativos, y cuentan con personal médico especializado que asume la responsabilidad civil y penal por el acto médico realizado. Por otro lado, asigna fondos a farmacias para la realización de pruebas de autocontrol, en virtud de una mera autorización municipal para la venta de medicamentos, sin autorización regional, sin espacio adecuado, sin personal médico especializado y sin asumir la responsabilidad por el acto realizado. Así lo informa la Uap , Unión Nacional de Ambulatorios, Policlínicos, Instituciones y Hospitales Privados, volviendo al tema.

Uap destaca cómo, «en un momento de crisis en el sistema sanitario italiano, durante el cual se aprobó una nomenclatura arancelaria que implicó recortes en los reembolsos de más del 60-70% para los servicios sanitarios prestados por centros públicos y privados acreditados, la Región de Puglia emitió ayer una resolución municipal con la que preveía financiación para que las farmacias realizaran autocontroles, con reembolsos de un valor económico desproporcionado a lo que está sucediendo en el panorama sanitario italiano».

La asociación, que reúne bajo un único acrónimo a todas las asociaciones profesionales que representan a los 27.000 establecimientos sanitarios y a más de 350.000 empleados, se dirige al Primer Ministro, "que tanto se preocupa por la salud de los italianos, para pedirle aclaraciones sobre la dirección política que se pretende implementar para proteger la salud de los ciudadanos".

Además, cabe señalar que este cribado, realizado en un laboratorio, se ofrece, cumpliendo todos los requisitos reglamentarios y de garantía de calidad, por tan solo 5 euros, mientras que si se realiza en una farmacia, sin ninguna garantía de calidad ni seguridad, se vende por 30 euros, es decir, seis veces más. En esencia, esta medida ni siquiera responde a la lógica de la eficiencia económica para el ciudadano», denuncia la Uap.

La asociación se pregunta: "¿Qué rumbo toma nuestro Gobierno? ¿Avanzamos hacia un sistema sanitario sin requisitos ni garantías de calidad? ¿Hacia el favoritismo y lógicas de mercado extrañas en detrimento de la verdadera medicina de precisión y de patologías muy graves que deben tratarse de forma adecuada, minuciosa y definitiva? No podemos ignorar que la minuciosidad de un diagnóstico puede salvar una vida y que, en cambio, noticias recientes reportan la muerte de un ciudadano en una farmacia mientras esperaba los resultados de un electrocardiograma".

"El Juramento Hipocrático y la protección del derecho a la salud, contemplados en el artículo 32 de la Constitución, exigen atención médica para todos conforme a la ley, y en cambio, cada día asistimos a más recortes en el personal sanitario que brinda atención médica de calidad, mientras que se asignan fondos a quienes no cumplen los requisitos", concluye la Uap.